Alicia viajó a firmar el “Acuerdo Federal” pero no aceptaría armonización de la CPS

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En la víspera de la reunión que originalmente iba a celebrase en Puerto Madryn, pero que por razones de salud del gobernador Mario Das Neves debió trasladarse a CABA, los gobernadores de La Rioja y San Juan, los justicialistas Sergio Casas y Sergio Uñac, advirtieron que el reparto de fondos “debería estar un poco mejor” y el federalismo debería considerarse “de manera real”.

Es decir, a la Casa Rosada no llega Alicia Kirchner con una posición “díscola”, sino más bien heterogénea de aquellas jurisdicciones alejadas del centralismo porteño y que, de un tiempo a esta parte, vienen viendo luces de alerta sobre un posible “ahogo financiero”.

Al menos con esa frase lo definió oportunamente la mandataria santacrucera, cuando le tocó expresarse sobre la paralización de toda la obra pública nacional, que representa un 97% de las obras que tiene Santa Cruz y que implicaban $2 mil millones, sin contar las represas por otros U$ 4 mil millones.

Desde principio de año, la provincia de Santa Cruz reclama insistentemente la asistencia financiera por parte del Gobierno nacional. Primero, el Gobierno central envió 50 millones de pesos en calidad de adelantos de coparticipación que fueron debitados en menos de 20 días y luego comprometió 280 millones de pesos que permitieron hacer frente al pago parcial de los aguinaldos y cuya forma de devolución se está discutiendo.

Desde ayer, la mandataria se encuentra en la capital del país, para participar del cónclave pautado para hoy a las 14:00 y del que, según trascendió, no participará el presidente de la Nación, Mauricio Macri, sino que será encabezado por el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, junto a su par de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, el secretario de Asuntos Políticos e Institucionales, Adrián Pérez, y el subsecretario de Coordinación de la Obra Pública Federal, Ricardo Delgado.

LA ARMONIZACION NO SE FIRMA

Más allá de plantear avanzar en los planes para la devolución de la retención por coparticipación federal del 15% y en programas de equilibrio fiscal en las provincias, además de obras públicas, todos temas que serán parte del documento denominado “Acuerdo Federal”, también incluiría la anuencia para el polémico Artículo 27, del pago a jubilados, que vino atado al blanqueo de capitales y otras normas, inmersas en el paquete denominado “Ley Onmibus”.

Fue el Ggbierno socialista de Miguel Lifschitz, en Santa Fe, una de las provincias que no sólo no transfirió su Caja Previsional, sino que además sostiene el 82% móvil, el que ayer denunció un intento del Gobierno nacional para quedarse con las cajas jubilatorias de las provincias para “volver a las AFJP”, creen.

Esto se desprende de un borrador que ya desde el viernes comenzó a circular sobre ese pacto federal y que según consignaron fuentes de Alcorta, “la gobernadora Alicia Kirchner no está dispuesta a firmar. Va a acordar en los demás puntos, pero a ese no lo va a firmar”, dijeron, aunque reconociendo que hasta anoche, había fuertes reclamos para que ese ítem directamente fuese eliminado del documento oficial.

El asunto ya había generado polémica en la provincia de Santa Cruz, pero ésta se centró básicamente en quienes desde Santa Cruz acompañaron (Cambiemos) y quienes dieron su negativa a la iniciativa que los gremios resisten cuando se trata de poner en discusión desde algún sector la idea de pasar la Caja a la Nación.

El radical Eduardo Costa respondió a las críticas diciendo que: “Es lo mismo que les hizo firmar en su momento (Néstor) Kirchner a las provincias”, es decir “que hay que buscar la armonización, pero eso es potestad de la Provincia”.

Asimismo, semanas atrás, se conoció que el titular de la CPS, Ariel Ivovich, participó en Capital Federal de una reunión con el resto de sus pares de provincias que no han armonizado y el Gobierno nacional, para interiorizarse respecto de qué es lo que efectivamente implicaría ese articulado que, por orden de la Gobernadora, fue rechazado de plano.

POLEMICO ARTICULO 27

La Ley de Pago a Jubilados sostiene, ya desde su Artículo 26, que por armonización normativa se entiende la convergencia de la Legislación provincial con la nacional en cuanto a los siguientes conceptos: edad de acceso a una Jubilación Ordinaria; alícuotas de Aportes Personales y Contribuciones Patronales; Cantidad de años de servicio con aportes efectivos; determinación del haber inicial y mecanismo sustentable de movilidad de los haberes jubilatorios.

Seguidamente, es el Artículo 27 el que, votado por los legisladores nacionales de Cambiemos y con la negativa del FPV en el Congreso, advierte que “se requerirá a las provincias completar el proceso de armonización normativa en un plazo no mayor a cuatro años”. En tal sentido, Nación “suscribirá convenios anuales con cada provincia por los que, a través de ANSES, se otorgará la asistencia financiera de los ejercicios 2017 a 2020, inclusive”.

Empero, este financiamiento se realizará “tomando en consideración el grado de avance” alcanzado por cada provincia en su armonización.

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